Caja Madrid y Bancaja acuerdan crear la mayor caja de ahorros de España

Tras muchas horas de reuniones secretas de los máximos responsables y contactos con el Banco de España, los consejos de administración de als dos entidades, convocados de urgencia, sellaron ayer el acuerdo para integrarse en un Sistema Integral de Protección (SIP) en el que también estarán Insular de Canarias, Rioja, Ávila, Segovia y Laietana.

La fusión supera a La Caixa por tamaño, pero no por rentabilidad
Está previsto que los consejos de las siete cajas sometan el acuerdo a aprobación definitiva el lunes. Las de Ávila y Segovia tenían previsto hacerlo ayer, pero lo retrasaron al conocer la operación, que no ha dejado de levantar suspicacias porque su dilución será todavía mayor de la prevista y que les llevó a no entrar en Banca Cívica, informa Aurelio Martín. En principio, del capital del banco que se constituya como vehículo del SIP, Caja Madrid supone el 58% y Bancaja, el 42% a la espera de diluirse por la participación de las otras cinco. El SIP tendrá un volumen total de activos de casi 340.000 millones de euros, unos 60.000 millones más que la entidad catalana y algo superiores a los del Banco Santander en territorio nacional.

No obstante, La Caixa está muy por delante en resultados netos (1.510 por 517 millones de la suma de Caja Madrid y Bancaja en 2009), solvencia y morosidad. Coinciden en empleados (27.000 de la valenciana y la madrileña por 27.500 de La Caixa), mientras que en oficinas suma unas 4.500 y La Caixa, 5.326. Además, no se descarta que ésta haga algun movimiento para recuperar el liderazgo. De momento, ha integrado Caixa Girona.

El objetivo es presentar los términos definitivos de la operación al Banco de España antes del 15 de junio, fecha en la que termina el plazo para solicitar ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La cifra que se maneja ronda los 4.000 millones de euros, informa Íñigo de Barrón.

Según los términos iniciales del acuerdo, el actual presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, ocupará el mismo cargo en la nueva entidad. Su homólogo en Bancaja, José Luis Olivas, será vicepresidente y mantendrá la presidencia del Banco de Valencia, participado por Bancaja (38%) y uno de sus principales activos.

Aunque aún no se conoce la nueva denominación, se ha acordado que la sede social esté en Valencia, circunstancia clave para salvar las reticencias que al parecer esgrimía la Generalitat valenciana ante la eventualidad de quedarse sin ninguna entidad financiera en la región tras la integración de la CAM en otro paraguas que encabeza cajAstur. La sede operativa estará en Madrid.

La fusión aporta un importante grupo industrial. Caja Madrid es el principal accionista de Iberia y tiene presencia en Mapfre, Indra, Realia, Macalux y Global Vía, mientras que Bancaja participa en Iberdrola, Enagas, Terra Mítica, Aguas de Valencia y en Ribera Salud, que gestiona hospitales en la Comunidad Valenciana y Madrid. Ambas cajas comparten participación en NH Hoteles y Martinsa-Fadesa. En el acuerdo alcanzado por Rato y Olivas se ha establecido que éste presida la corporación industrial. Fuentes del mercado aseguran que, al igual que hizo La Caixa con Criteria, el nuevo grupo tiene previsto su salida a bolsa a medio plazo.

Los gobiernos autónomos de Valencia y Madrid celebraron el acuerdo. El presidente valenciano, Francisco Camps, afirmó que "hoy [por ayer] es un gran día para la Comunidad Valenciana" porque "[el acuerdo] supone más volumen, fuerza, seguridad identidad y tranquilidad". Al Consell siempre le ha parecido bien cualquier fusión. Primero apostó por la de Bancaja con la CAM, luego apoyo la de la caja alicantina con Cajamurcia y luego celebró el SIP con CajAstur. Los socialistas valencianos han mantenido en todo el proceso un perfil bajo, muy en sintonía con la Generalitat. Ayer lamentaron que Camps les excluyera de los procesos.

El proceso de integración de cajas que quiere el Banco de España da, con este acuerdo, un importante paso adelante. Del total de entidades de ahorro existente, 45, se quedarán al final en torno a 15. El Gobierno obliga a que este tipo de fusiones frías duren al menos 10 años. El objetivo es que los SIP resulten lo más estables posible, difíciles de revertir y favorezcan una futura fusión definitiva. Las SIP deberán mutualizar un 40% de sus beneficios y comprometer para su solvencia la misma proporción de recursos propios.

Fuente: Cinco Días