La denuncia de un intermediario en la venta de terrenos llevó a investigar

Este intermediario denunció hace dos o tres años ante el juzgado que no había recibido las comisiones pactadas por la venta de varias parcelas en la localidad, y exigía responsabilidades, indicaron las mismas fuentes.

Además del intermediario, algún promotor también denunció a los compradores de los chalés, todos ellos extranjeros, porque le debían dinero. Según indicaron las mismas fuentes, los compradores pagaron una cierta cantidad, pero se negaron a completarla puesto que no disponían de servicio de luz, agua o alcantarillado.

Los compradores no podían optar a estos servicios puesto que los terrenos en los que se habían construido sus casas no tenían licencia de edificación ni ningún tipo de autorización. Por este motivo, el consistorio no les daba servicio. Ante esta situación, los compradores denunciaron, ya que "se sentían engañados", según las mismas fuentes.

Tras presentar varios escritos de denuncia, tanto por parte del intermediario, como de los compradores y el promotor, la Fiscalía de Medio Ambiente decidió hace un año abrir una investigación al respecto, que está supervisada por el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Picassent.

Las mismas fuentes apuntaron a que el número de casas afectadas podría no ser tan elevado como se ha comentado, ya que supuestamente rondarían la veintena, y afirmaron que tan sólo había una urbanización afectada en la que las casas no tienen las licencias oportunas.

También afirmaron que tras los registros efectuados entre el miércoles y el jueves por efectivos de la Guardia Civil, el Ayuntamiento recobró a mediodía la normalidad, y las funciones municipales se restablecieron con "total normalidad", dando servicio a los vecinos de la localidad.